Fortalecer la rendición de cuentas en la transición energética de México
Responsabilidades frente a las comunidades
Francisco Aguilar, Avalon Bauman, Hector Gonzalez, Anne Green, Piyush Narang y Sumate Pruekruedee
Goldman School of Public Policy, University of California, Berkeley
Documento original elaborado en el marco de Mexico Development Lab, 2023
Título original: Improving Accountability in Mexico's Green Transition: Strengthening Stakeholder Responsibilities to Local Communities.
Consultar el memorando original en inglés, PDF
Nota sobre esta versión
Esta versión en español conserva la autoría conjunta, el argumento y las referencias del memorando de 2023. Las precisiones editoriales se identifican con las marcas E1 a E7 y se explican al final. No deben entenderse como una nueva postura acordada por las seis personas autoras. El diagnóstico se refiere al contexto en que se elaboró el documento.
Sobre Mexico Development Lab
Mexico Development Lab fue un programa de inmersión académica de tres días organizado por estudiantes de posgrado de la Goldman School of Public Policy (GSPP) de la Universidad de California en Berkeley. Buscaba vincular la formación en política pública y práctica del desarrollo con los retos de México: impulsar el desarrollo económico y avanzar hacia una transición energética justa y sostenible. También buscaba dar a conocer oportunidades de investigación y trabajo relacionadas con estos desafíos.
Con apoyo financiero de UC Alianza MX, iniciativa que fortalece los vínculos entre el sistema de la Universidad de California y México, 18 estudiantes de GSPP participaron en el programa en la Ciudad de México del 1 al 3 de noviembre de 2023. Cada jornada incluyó una conferencia y un panel de especialistas, en torno a tres temas: cambio climático y comunidad; perspectivas para una transición justa y verde; y desarrollo económico.
Cada equipo de seis estudiantes se encargó de planear y coordinar una jornada. Como parte de los requisitos académicos, debía elaborar un memorando de política pública que recogiera los aprendizajes e identificara problemas que las políticas existentes aún no resolvían.
Propósito de este memorando
Elaboramos este documento como el equipo responsable de la segunda jornada, dedicada a la transición energética justa en México. En los intercambios con especialistas de la academia, organizaciones sin fines de lucro y el sector privado, identificamos un problema común: la falta de mecanismos eficaces para exigir responsabilidades a quienes toman decisiones sobre los proyectos.
Examinamos cómo esa falta de rendición de cuentas afecta a las comunidades y proponemos medidas para corregirla. Partimos de una convicción: las personas que habitan los territorios donde se construye la infraestructura deben poder influir en las decisiones que las afectan. La protección de sus derechos humanos y ambientales debe orientar los proyectos desde su diseño y mantenerse durante su operación.
Resumen ejecutivo
En la evaluación de diciembre de 2022 que sirve de referencia al memorando, Climate Action Tracker calificó como «críticamente insuficientes» las metas y políticas climáticas de México en su conjunto. Según su análisis, la contribución determinada a nivel nacional (NDC) presentada ese año implicaba un nivel de emisiones para 2030 superior al de la meta de 2016, pese a anunciar una mayor reducción porcentual. La comparación cambiaba por las modificaciones de la línea de base y del cómputo de las absorciones forestales. Climate Action Tracker calificó ese retroceso como un incumplimiento del Acuerdo de París y de la legislación mexicana, y señalaba que México aún no tenía una meta de emisiones netas cero.[1] [E1]
El reto energético exige ampliar la generación y reducir la vulnerabilidad del suministro. Por ello, proponemos evaluar la descentralización como una estrategia de resiliencia frente a los riesgos climáticos y las interrupciones del servicio. Su utilidad y sus costos deben analizarse en cada contexto. [E7]
La rendición de cuentas requiere que las comunidades reciban información comprensible, puedan intervenir desde el diseño y cuenten con medios para exigir el cumplimiento de los compromisos. Una instancia independiente, con la participación de universidades u otras organizaciones que cuenten con autonomía y credibilidad, puede facilitar el diálogo y ayudar a reducir las desigualdades de poder.
Proponemos combinar financiamiento de organismos internacionales de crédito, capacidad técnica de las empresas y participación comunitaria en la propiedad y la gestión, por ejemplo, mediante cooperativas. El memorando plantea esta vía como una recomendación de política pública cuyo desarrollo requiere precisar las condiciones financieras, jurídicas y de organización.
Antecedentes del sector energético
Durante buena parte del siglo XX, el Estado tuvo un papel preponderante en los sectores petrolero y eléctrico de México. La apertura a la inversión privada fue gradual y tuvo distintos alcances según la actividad. Las reformas de 2008 y, sobre todo, la reforma constitucional de 2013 modificaron las condiciones de participación privada y extranjera en el sector.[2]
La propiedad de los recursos debe distinguirse de las actividades que realizan las empresas. Con la reforma de 2013, los hidrocarburos del subsuelo siguieron siendo propiedad de la nación. Su exploración y extracción podían llevarse a cabo mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o contratos con estas o con particulares. En electricidad, la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución, permanecieron reservados al Estado, sin excluir las modalidades de contratación con particulares previstas por la propia reforma. En la generación se ampliaron las posibilidades de participación privada. [E2]
México seguía siendo un productor importante de petróleo. En 2022 produjo, en promedio, alrededor de 1.9 millones de barriles diarios de petróleo y otros líquidos, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos. La cifra corresponde a esa categoría y no exclusivamente a petróleo crudo. [E3]
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) conservó una posición central en el sector eléctrico. La apertura a nuevos participantes no resolvió por sí misma la dependencia de los combustibles fósiles ni las dificultades de acceso a la energía y de relación con las comunidades.
El diagnóstico en 2023
La reforma de 2013 abrió oportunidades para desarrollar proyectos renovables y atrajo inversión privada. Sin embargo, ese impulso encontró obstáculos con los cambios de orientación política posteriores a 2018. La persistencia de una matriz energética muy dependiente de los combustibles fósiles contrastaba con los recursos renovables disponibles en el país.[3] [4] [E4]
El problema no se limita a aprovechar esos recursos. Los proyectos deben reducir emisiones y respetar los derechos de quienes habitan los territorios donde se construyen. Los conflictos en torno a proyectos eólicos y comunidades zapotecas del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, muestran por qué cambiar la fuente de generación no resuelve automáticamente las disputas sobre la tierra, los beneficios y la capacidad de decidir.
El marco legal de entonces, junto con el Convenio 169 de la OIT, ya contemplaba obligaciones de consulta y participación. En la industria eléctrica, la Ley de 2014 asignaba a la Secretaría de Energía la realización de los procedimientos de consulta indígena correspondientes y exigía a quienes solicitaran permisos o autorizaciones presentar una evaluación de impacto social, incluidas las medidas de mitigación. La existencia de esas obligaciones no garantizaba, por sí sola, una participación efectiva.[5] [E5]
La transición también tiene consecuencias para la salud y la distribución de las cargas ambientales. En 2022, el transporte representó el 47.50% del consumo final energético de México, según SENER.[6] Sus efectos sobre la contaminación deben analizarse junto con los de otras actividades. El estudio difundido por el Banco Interamericano de Desarrollo sobre la Ciudad de México encontró consecuencias desiguales para la salud y los ingresos, con mayores afectaciones entre los trabajadores informales.[7]
La relocalización de actividades productivas hacia México y la electrificación del transporte planteaban, además, nuevas exigencias al sistema eléctrico. Atenderlas ofrecía una oportunidad para impulsar tecnologías más limpias y eficientes. La pregunta era cómo aprovecharla para reducir las desigualdades de acceso, participación y exposición a la contaminación. [E4]
Una transición que dejara intactas esas desigualdades perdería buena parte de su alcance social. Por eso, el gobierno y las empresas deben responder ante las comunidades por las decisiones que toman y los compromisos que asumen.
Actores y comunidades afectadas
Disponer de energía, poder pagarla y contar con un suministro confiable son necesidades fundamentales. La discusión sobre la pobreza energética exige atenderlas en conjunto, sin reducir el problema a la existencia de una conexión eléctrica. A ellas se suman la reducción de emisiones, los derechos de los pueblos indígenas y la distribución de los costos y beneficios de la infraestructura (Macías y colaboradores, 2023). [E4]
Las comunidades indígenas se encuentran con frecuencia en territorios donde se busca ampliar la infraestructura energética. Los conflictos tienen raíces anteriores al desarrollo de las renovables: experiencias de exclusión, despojo y decisiones tomadas desde fuera. También intervienen distintas formas de entender el territorio, definir prioridades y tomar decisiones colectivas. Cuando esas diferencias se ignoran, las comunidades pueden quedar en desventaja frente a autoridades e inversionistas con mayores recursos e influencia.
Pemex y la CFE ocupaban una posición central en las decisiones de suministro. La necesidad de ofrecer energía accesible y confiable debía articularse con la reducción de emisiones y los compromisos climáticos del país. A su vez, la intención anunciada por el gobierno mexicano de ampliar la capacidad renovable hacia 2030 requería decisiones de inversión y ejecución. [E4]
En el periodo analizado, los inversionistas privados y extranjeros enfrentaban incertidumbre sobre las condiciones de participación. Las fuentes citadas en el original describían controversias por las medidas orientadas a fortalecer la posición de las empresas del Estado después de 2018 (Llano y colaboradores, 2022; Meager, 2022). Esa orientación no equivalía a favorecer por igual a todos los inversionistas mexicanos. La apertura constitucional había ocurrido en 2013; 2018 marcó un cambio de rumbo político. [E2]
La necesidad de atraer inversión no resuelve cómo deben repartirse los beneficios ni quién puede influir en las decisiones. Si las comunidades solo intervienen cuando lo esencial ya está definido, la transición puede ampliar la infraestructura y conservar las relaciones que han producido exclusión.
Dónde falla la rendición de cuentas
Las leyes, las evaluaciones y los compromisos pierden fuerza cuando no inciden en las decisiones ni ofrecen medios para exigir su cumplimiento.
Las evaluaciones de impacto ambiental y social pueden reducirse a trámites si se elaboran con información insuficiente, si la participación comunitaria es marginal o si sus resultados no se traducen en medidas cuyo cumplimiento pueda verificarse. Cuando estos estudios se tratan principalmente como un costo para conseguir una autorización o competir por un proyecto, aparece el incentivo de gastar lo menos posible. El riesgo es que su calidad y el seguimiento de los compromisos pasen a segundo plano. [E5]
La relación con las comunidades exige conocer sus instituciones. En los ejidos, por ejemplo, las negociaciones deben reconocer sus órganos de gobierno y las atribuciones de quienes intervienen, según el acuerdo de que se trate. Desconocer esa organización puede conducir a acuerdos que no reflejen las decisiones de las personas cuyos derechos se ven afectados. La participación efectiva requiere comprender las relaciones de poder locales y estar dispuesto a compartir capacidad de decisión.
La consulta pierde sentido cuando se utiliza únicamente para informar sobre un proyecto ya definido o conseguir su aceptación. La crítica a los procedimientos formales apunta precisamente a esa distancia entre participar en una reunión y poder influir en lo que se decide. [E5]
Algo semejante ocurre con los compromisos voluntarios de responsabilidad social empresarial. Una política puede resultar convincente en el papel y quedar sin efecto si nadie verifica su cumplimiento o responde ante las personas afectadas.
También existe el riesgo de que una inversión se apoye en pagos indebidos o acuerdos opacos con autoridades locales. Si esas prácticas ofrecen ventajas frente a quienes procuran actuar de manera responsable, debilitan la competencia y agravan la vulnerabilidad de las comunidades. Esa es la preocupación que el memorando recoge bajo la idea de capital corrosivo: una inversión que aprovecha las debilidades institucionales y contribuye a perpetuarlas.
Recomendaciones
En muchos proyectos, el gobierno y las empresas deciden, autorizan y ejecutan, mientras las comunidades quedan en el papel de receptoras. La relación se vuelve especialmente desigual cuando la infraestructura utiliza tierra y recursos locales, pero los beneficios se concentran fuera del territorio.
Desde esa experiencia, una nueva obra puede percibirse como una imposición aunque incluya reuniones y consultas. La desconfianza no desaparece con una convocatoria, sobre todo cuando existen antecedentes de abuso o decisiones impulsadas sin respaldo local.
Proponemos asociaciones entre el gobierno, las empresas y las comunidades que incluyan participación en las decisiones y en la propiedad de los proyectos. Las siguientes recomendaciones buscan dar contenido a esa propuesta.
1. Comprender la resistencia y abrir el diálogo
Una instancia independiente del gobierno y de las empresas, con autonomía y credibilidad, puede facilitar la comunicación y contribuir a la mediación. Su tarea sería ayudar a que la información llegue de manera comprensible y a que las diferencias de poder no determinen por sí solas el resultado de las negociaciones. Las universidades podrían participar en ese acompañamiento. Esa función debe apoyar la participación comunitaria y respetar las responsabilidades legales de las autoridades. [E5]
La resistencia a un proyecto debe entenderse en su contexto histórico y político. Puede expresar desconfianza fundada en experiencias anteriores, desacuerdo con la forma de decidir o una demanda de participación que no ha encontrado respuesta. Reconocer esas razones permite dialogar sin atribuir toda oposición a la falta de información.
2. Pasar del trámite a la construcción conjunta
Las evaluaciones de impacto deberían abrir un diálogo que tenga consecuencias para el proyecto. Llenar formatos y acreditar que se hizo una consulta no basta. Tampoco basta con pedirle a la empresa que vaya a «preguntarle cosas a la gente». La participación debe empezar cuando todavía es posible modificar el diseño y las condiciones de ejecución.
El memorando señala un problema en las negociaciones que intercambian obras de agua potable, drenaje o caminos por la aprobación de un proyecto. Esas necesidades son reales. El problema surge cuando el intercambio agota la relación con la comunidad y convierte el permiso para aprovechar el territorio en una transacción aislada.
Si todo termina en un pago por usar la tierra, la empresa se relaciona con el lugar como un inquilino: cumple una contraprestación y aprovecha el espacio, sin que ello implique compartir las decisiones sobre lo que ocurre allí. La propuesta es que asuma responsabilidades duraderas y llegue a formar parte de la vida de la comunidad. Ese vínculo debe respetar los pagos por el uso de la tierra y las obligaciones que correspondan a las autoridades y a las empresas frente a la comunidad. [E5]
Recomendamos, por ello, consultas cuidadosas y acompañamiento independiente desde el inicio. La comunidad debe participar cuando se definen las condiciones, en lugar de ser convocada únicamente cuando se necesita su aprobación.
3. Avanzar hacia la propiedad compartida
También conviene cuestionar la idea de que atraer inversión privada exige que la empresa conserve toda la propiedad. Proponemos considerar esquemas en los que las comunidades participen como copropietarias.
Esto supone trabajar en tres frentes complementarios:
Abrir oportunidades de empleo para las personas de la comunidad.
Ofrecer a la comunidad una participación en la propiedad.
Incorporarla en el diseño y la ejecución del proyecto.
La participación en la propiedad debe acompañarse de una capacidad efectiva para intervenir en las decisiones. En Dinamarca, la cooperativa de Middelgrunden ofrece una referencia de inversión y propiedad ciudadana en una parte de un parque eólico marino. Sus socios participan mediante aportaciones; el ejemplo no equivale a que toda la población de una comunidad sea propietaria ni demuestra que exista una obligación general de adoptar ese modelo en todos los proyectos daneses (Martin, s. f.). [E6]
El caso permite formular una pregunta útil para México: ¿cómo cambiaría la relación con un proyecto si las personas que habitan el territorio también participaran en su propiedad y gestión?
Proponemos desarrollar esquemas de generación renovable con participación pública, privada y comunitaria, propiedad y gestión compartidas y supervisión independiente. La coordinación entre autoridades nacionales y locales sería necesaria para crear las condiciones que permitan llevarlos a cabo.
La planeación debe atender, además, la capacidad del sistema para responder a los riesgos climáticos y a las interrupciones del suministro. La descentralización merece evaluarse como parte de esa estrategia, considerando las condiciones técnicas y los costos de cada proyecto. La propiedad compartida y la descentralización son propuestas complementarias en el memorando: una se refiere a quién posee y decide; la otra, a cómo se organiza la infraestructura. Ninguna garantiza por sí sola un suministro más barato o más confiable. [E7]
El financiamiento internacional, la capacidad técnica de las empresas y la organización cooperativa podrían contribuir al desarrollo de estos proyectos. Para ello habría que definir las condiciones del crédito, la participación de cada actor y las reglas de gestión. El memorando plantea una orientación de política pública; su viabilidad financiera y operativa requiere trabajo posterior. [E7]
La rendición de cuentas debe comenzar antes de construir. Requiere que las comunidades conozcan las condiciones, puedan influir en las decisiones y cuenten con medios para exigir el cumplimiento de los compromisos. Vincular la transición energética con la propiedad compartida busca que quienes habitan los territorios participen en los beneficios y en las decisiones sobre los proyectos que los transforman.
Notas del documento original
Se conserva la numeración de las siete notas originales. Las precisiones editoriales E1 a E7 son independientes de ellas.
1. Mexico, Climate Action Tracker. Consulta original: 3 de diciembre de 2023. Para identificar el diagnóstico histórico, véase también la evaluación archivada del 12 de diciembre de 2022, citada en E1.
2. Mexico's New Energy Reform, Wilson Center. Consulta original: 3 de diciembre de 2023.
3. Secretaría de Energía. Balance Nacional de Energía. Consulta original: 3 de diciembre de 2023.
4. El original añade que la energía solar representaba 2.6%, la eólica 2.4% y que la participación solar había aumentado 31% respecto de 2021. No identifica con suficiente precisión el denominador de estos porcentajes ni aclara si ese 31% representa un cambio relativo de participación o de otra variable. Se conservan las cifras en esta nota para revisión, sin trasladarlas al cuerpo como datos verificados. Véase E4.
5. Mexico's New Energy Reform, Wilson Center. Consulta original: 3 de diciembre de 2023. Es la referencia que el original coloca tras su discusión de consulta y aplicación de las normas; no sustituye una revisión de las disposiciones específicas. Véase E5.
6. SENER. Sistema de Información Energética: Consumo final de energía por sector. Consulta original: 3 de diciembre de 2023. La precisión de 47.50% del consumo final energético en 2022 se verificó en el Balance Nacional de Energía 2022, página 19.
7. The Unequal Effects of Air Pollution on Health and Income in Mexico City, Ideas Matter. El original fecha la entrada el 23 de marzo de 2022. Su antiguo enlace redirige ahora al índice del BID; se conserva y se añade el acceso actual al mismo artículo.
Referencias del documento original
Se conservan las trece referencias y sus enlaces originales. Los títulos se mantienen en el idioma en que fueron publicados. Las fechas de consulta que aparecen a continuación corresponden al original, no a una nueva verificación de disponibilidad de todos los enlaces.
Secretaría de Energía. (s. f.). Balance Nacional de Energía. gob.mx. Consulta original: 8 de diciembre de 2023.
Flyvbjerg, B. (1998). Habermas and Foucault: Thinkers for Civil Society?. The British Journal of Sociology, 49(2), 210–233. JSTOR.
Galeana, E. (2023, 20 de abril). Renewable Energy Generation Fell 1.8% in 2022. Mexico Business News.
Llano, R., de Rosenzweig, F., Hamilton, J. y Coulet-Diaz, M. (2022, 19 de julio). Energy Investors Face Mexico Risks in the Electricity and Lithium Sectors.
Macías, J. A. S., Valenzuela, A. J. L., Ramírez, A. A., Escobedo, P. F. R. y Puente, A. H. R. (2023). Reduction of energy poverty in Mexico by applying an optimization model to residential energy tariffs. Energy Reports, 9, 3431–3439.
Martin, B. (s. f.). Communal ownership drives Denmark's wind revolution. Green Economy Coalition. Consulta original: 8 de diciembre de 2023.
Martínez, N. (2023). Unpacking the global climate politics-to-local nexus: Renewables, community struggles, and social impacts. Current Sociology, 00113921231203177.
Meager, E. (2022, 14 de abril). Renewables at risk from Mexico reforms but lawsuits planned. Capital Monitor.
Mexico | Climate Action Tracker. (s. f.). Consulta original: 8 de diciembre de 2023.
Mexico's New Energy Reform | Wilson Center. (s. f.). Consulta original: 8 de diciembre de 2023.
SENER. (s. f.). Sistema de Información Energética: Consumo final de energía por sector. Consulta original: 8 de diciembre de 2023.
The Unequal Effects of Air Pollution on Health and Income in Mexico City, Ideas Matter. (s. f.). Consulta original: 8 de diciembre de 2023.
Torres-Wong, M. y Jimenez-Sandoval, A. (2022a). Indigenous resource governance as an alternative to mining: Redefining the boundaries of indigenous participation. The Extractive Industries and Society, 9, 101001.
Precisiones editoriales de esta versión
Estas notas documentan las precisiones de la versión en español. No pertenecen a las siete notas originales ni suponen aprobación de las demás personas autoras.
E1. Diagnóstico histórico y atribución. Se identifica la evaluación de Climate Action Tracker del 12 de diciembre de 2022, utilizada en el contexto de 2023. Se mantiene su crítica a la NDC de 2022 y su lectura del Acuerdo de París y de la legislación mexicana, atribuyéndoselas expresamente. No se presentan como una sentencia judicial ni como diagnóstico de 2026. La explicación de la línea de base y las absorciones forestales aclara la comparación; no añade un nuevo resultado del equipo.
E2. Reforma y cronología. El decreto constitucional de 2013 distingue la propiedad nacional de los hidrocarburos de las modalidades de exploración y extracción. Reserva determinadas actividades eléctricas al Estado y contempla contratos con particulares. La traducción conserva esa distinción, sin afirmar una prohibición absoluta de participación privada en transmisión y distribución. La apertura constitucional se fecha en 2013 y el cambio político en 2018. Es una descripción histórica, no una actualización del derecho vigente.
E3. Producción petrolera y clasificaciones. Se mantiene la corrección propuesta de 22 millones a alrededor de 1.9 millones de barriles diarios en 2022, con la categoría explícita «petróleo y otros líquidos», respaldada por la EIA, ficha del 31 de marzo de 2023, página 3. Quedan fuera las clasificaciones de México como productor número 12 y de la CFE como segunda empresa estatal más grande hasta precisar el indicador.
E4. Indicadores. Se verificó y restituyó la referencia al transporte: 47.50% del consumo final energético en 2022, según el Balance Nacional de Energía 2022, página 19. «Consumo final energético» no equivale a toda la producción de energía. Permanecen pendientes de conciliar los porcentajes 73%,15.4%,2.6%,2.4%,31%,23% y la caída de 1.8%, así como la pobreza energética superior al 60%, el crecimiento anual de demanda de 2% y la inversión mínima de US$10 mil millones. Se conservan en el registro de revisión y en las notas originales que los contienen, sin reproducirlos como cifras verificadas. No se afirma que sean todos falsos: falta establecer sus años, denominadores y cobertura. El artículo de Macías y colaboradores sigue sin verificarse íntegramente; no se confunde pobreza energética con ausencia de conexión. La intención de ampliar renovables hacia 2030 se atribuye al gobierno mexicano conforme a la ficha histórica de la EIA, no conjuntamente a Pemex y CFE.
E5. Participación, consulta y evaluaciones. Se revisaron los artículos 119 y 120 del texto original de la Ley de la Industria Eléctrica de 2014, página 46: consulta a cargo de SENER y evaluación social de solicitantes. Se conserva el Convenio 169 de la OIT, cuyo artículo 6 prevé consulta de buena fe mediante las instituciones representativas. No se equiparan consulta, evaluación, consentimiento y permiso. Se elimina la afirmación absoluta de que nunca hay seguimiento de las evaluaciones; no se certifica el cumplimiento de ningún proyecto. El acompañamiento independiente propuesto no reemplaza las responsabilidades de las autoridades. La metáfora del inquilino no niega pagos por uso de tierra ni obligaciones empresariales frente a los impactos; los ejidos tampoco se describen como si todas sus tierras y decisiones tuvieran un único régimen.
E6. Propiedad ciudadana y alcance del ejemplo danés. La cooperativa de Middelgrunden organiza participaciones de sus socios. La información del propio parque distingue sus turbinas de las de HOFOR. Se aclara que es propietaria de parte del parque: no toda la población de una comunidad es automáticamente propietaria. Se mantiene la referencia original de Martin; el ejemplo no se utiliza para afirmar que existe una obligación general de adoptar este esquema en Dinamarca.
E7. Alcance de las propuestas. Se conserva la recomendación de participación comunitaria en empleo, propiedad, diseño y ejecución. Se distinguen la propiedad compartida y la descentralización: la primera no prueba la segunda ni garantiza rendición de cuentas, ahorro o continuidad del servicio. El esquema de crédito internacional, empresas y cooperativas sigue siendo una propuesta. El documento no resuelve quién aportaría capital, asumiría las pérdidas o representaría a la comunidad, ni el costo y las facultades de la supervisión independiente. No se incorporan respuestas posteriores como resultados del equipo de 2023.
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