Recibir antes la indemnización no resuelve todo
Lo que quedó por resolver en nuestra propuesta de seguro agrícola
Al releer nuestra propuesta de seguro agrícola, pienso en lo que habríamos tenido que hacer después de que un productor contratara una póliza. Alguien tendría que explicarle qué cubría el seguro, responder sus dudas durante una temporada difícil y atenderlo si la indemnización no llegaba. Todo eso costaría dinero, incluso cuando no hubiera una nueva póliza por vender.
En 2023, Alejandro Carrillo y yo elaboramos Climate Resilience Platform (CRP), una propuesta para facilitar el acceso de pequeños productores en México a seguros agrícolas. Queríamos simplificar la contratación, ofrecer capacitación y utilizar indicadores climáticos para activar pagos cuando se cumplieran las condiciones previstas en la póliza.
La propuesta recibió un premio y la presentamos en Big Ideas y ante el Milken Institute. Recuerdo que en Milken hubo bastante interés. No llegamos a realizar una prueba piloto.
Quiero volver a la propuesta con la misma atención a lo que buscábamos y a lo que quedó pendiente. La buena recepción no nos decía si podríamos sostener el servicio. Esa era una pregunta que seguía abierta.
Los documentos originales ya reconocían dificultades para establecer alianzas, cumplir los requisitos regulatorios y modelar el riesgo. La pregunta, al revisarlos, es hasta dónde llegaban las respuestas que propusimos. Entre el diseño sobre el papel y un servicio con el que un productor puede contar hay un trecho que todavía nos faltaba recorrer.
Para financiar ese servicio habría que distinguir varias cosas. Un apoyo no reembolsable podría ayudar a desarrollar la plataforma. Las primas, los recursos de la aseguradora y el reaseguro tendrían que respaldar el pago de las indemnizaciones. Y los ingresos de CRP tendrían que alcanzar para operar la plataforma y atender a los productores. Un contrato inteligente podría ejecutar una transferencia; seguiría haciendo falta que alguien aportara el dinero y respondiera por el pago. Tampoco el reaseguro liberaría a la aseguradora de su obligación frente al asegurado. [1]
Una sequía generalizada pondría esas responsabilidades a prueba. Muchos productores podrían necesitar una indemnización al mismo tiempo. La aseguradora necesitaría liquidez y la plataforma podría recibir más consultas y solicitudes de ayuda precisamente cuando la temporada fuera peor. Habría que seguir pagando a quienes atendieran a los productores.
Nuestra propuesta planteaba una comisión de entre 7 y 10 por ciento, pero mencionaba dos posibles bases para calcularla: las primas y las utilidades derivadas de suscribir las pólizas. Dejamos el acuerdo concreto para una negociación posterior. Hoy veo cuánto quedaba por definir. El mismo porcentaje puede dar ingresos muy distintos según el monto sobre el que se calcule. También faltaba saber cuántas pólizas se venderían, qué servicios nos comprometeríamos a prestar y si seguiríamos recibiendo ingresos durante un mal año.
La revisión financiera posterior encontró comisiones registradas en la distribución de seguros agrícolas en México cercanas al intervalo que habíamos propuesto. Eso da cierto sustento al supuesto. Pero que existan comisiones de ese orden no demuestra que alcancen para pagar, al mismo tiempo, la tecnología, la contratación, la capacitación y la atención continua. [2]
Los ejemplos de presupuesto que acompañan esta revisión permiten examinar cómo un servicio podría quedarse sin recursos aun cuando cobrara comisiones. Sirven para precisar qué condiciones tendría que cumplir un contrato. No son mediciones de nuestros costos ni ofertas de una aseguradora. Las cifras y sus supuestos se explican en las notas. [3]
De esa revisión saco una conclusión clara: no demostramos que los ingresos propuestos pudieran sostener el servicio que imaginábamos.
Una aseguradora podría tener motivos para contratar el servicio. CRP podría llegar a productores a los que ella no llegaba, mejorar la atención o sustituir tareas administrativas costosas. Habría que comparar esas posibilidades con lo que la propia aseguradora podía hacer mediante su personal, sus agentes y los sistemas que ya utilizaba.
Los estados financieros publicados por algunas aseguradoras aportaron datos reales sobre gastos y resultados. Sin embargo, no permitieron saber cuánto costaría el servicio que proponíamos ni qué beneficio económico adicional obtendría una aseguradora al atender a los productores a los que queríamos llegar. Las cifras de toda una empresa no resuelven esas preguntas por sí solas. El presupuesto seguía siendo un ejemplo, no una demostración de que a la aseguradora le conviniera contratarnos. [4][5]
Si la alternativa fuera cobrar por el servicio mediante un contrato separado de las comisiones, necesitaría saber quién lo pagaría, cuánto estaría dispuesto a pagar y cuánto nos costaría cumplir lo prometido.
Al revisar la propuesta después, surgió una posible distribución de tareas. Una aseguradora o una red de fondos de aseguramiento podría encargarse de la contratación y la atención habitual de las pólizas. Para la educación financiera se podrían buscar apoyos de FIRA, siempre que las actividades cumplieran sus requisitos. También cabría explorar financiamiento estatal para otros servicios que facilitaran el acceso. Este esquema pertenece a la revisión posterior. No fue un acuerdo que hubiéramos alcanzado en 2023.
La revisión encontró mecanismos institucionales que permitirían explorar algunas partes del esquema. Los organismos integradores de fondos de aseguramiento pueden contratar servicios, aunque no pueden realizar por sí mismos operaciones de aseguramiento. Los apoyos de FIRA para educación financiera incluyen el tema de los seguros, con requisitos y disponibilidad presupuestal de por medio. En cambio, la revisión no permitió confirmar que un gobierno estatal pagara de manera recurrente por la labor de información y acompañamiento que proponía CRP. Ninguna de estas posibilidades equivalía a un compromiso con nosotros. [6][7][8]
La fuente de financiamiento también influiría en a quiénes atenderíamos. Quien otorga crédito tiene motivos para apoyar a sus acreditados. Un fondo de aseguramiento atiende a sus socios. Una empresa que compra la producción tiene interés en proteger a sus proveedores. Trabajar a través de esas relaciones podría facilitar la operación y, al mismo tiempo, dejar fuera a los pequeños productores que no formaran parte de ellas.
Para mí, eso cambia la manera de evaluar la idea. Si para sostenerla tuviéramos que concentrarnos en productores a los que ya era más fácil llegar, habría que reconocer que estaríamos atendiendo a otra población. El negocio podría funcionar y, aun así, dejar sin resolver el problema de acceso que nos habíamos propuesto atender.
Queda, además, la pregunta sobre el propio seguro: ¿qué tan bien reflejaría el indicador que activa el pago las pérdidas de un productor?
Las notas originales proponían utilizar CHIRPS para monitorear la humedad del suelo. Esa descripción necesita corregirse: CHIRPS estima la precipitación. Para relacionar la lluvia con las condiciones del suelo y las pérdidas de un cultivo hacen falta más información y supuestos. Y corregir el nombre de lo que mide la herramienta es apenas el comienzo. Lo importante sería comprobar si el indicador permite ofrecer una protección útil para un cultivo y una zona determinados. [9]
Un productor podría contratar el seguro, pagar y entender la póliza, y aun así sufrir pérdidas importantes sin que el índice alcanzara el valor necesario para activar la indemnización. También podría haber un pago donde los daños fueran menores. Ese desajuste, conocido como riesgo de base, influiría en la protección que realmente ofreciera el seguro. Tendríamos que explicarlo con claridad, pero explicar bien una cobertura insuficiente no la volvería adecuada.
Las notas también proponían pagar dentro de las 24 horas siguientes a la verificación de que se hubiera cumplido la condición para activar la indemnización. Para el productor, la espera empezaría antes, desde el fenómeno climático, e incluiría el tiempo necesario para medirlo, publicar los datos y verificarlos. Tampoco bastaría con emitir la transferencia: tendría que poder disponer del dinero. No realizamos una prueba piloto que midiera todo ese recorrido.
La contratación y la capacitación también tienen límites. Un documento de ideas42, basado en entrevistas en dos comunidades mexicanas, identificó confusión sobre el trámite de las indemnizaciones, además de dificultades para pagar el seguro y problemas de adecuación a las necesidades de los productores. Entender mejor una póliza no significa que se pueda pagar ni que cubra lo que se necesita. [10]
Si un productor entendiera la cobertura y decidiera no contratarla, no daría por hecho que falló la capacitación. Su decisión podría señalar un problema con el producto ofrecido. Y el tiempo dedicado a explicarlo tendría un costo, aunque no terminara en una venta.
También me preguntaría qué aportarían los contratos inteligentes que proponíamos frente a un sistema convencional de administración y pagos. Seguiríamos necesitando formas de corregir los datos, proteger la privacidad, mantener el sistema en funcionamiento, facilitar el acceso y atender las reclamaciones. La comparación tendría que incluir ese trabajo, además de la ejecución de las transferencias.
La falta de una prueba piloto limita lo que puedo concluir. Los materiales revisados no permiten afirmar que contáramos con primas e indicadores validados, acuerdos que comprometieran la cobertura del seguro y el reaseguro, alguien dispuesto a contratar el servicio de manera recurrente o costos de operación medidos. No demostramos mejoras en la contratación, la renovación de pólizas, el acceso a las indemnizaciones ni los resultados para los productores.
Esos pendientes no prueban que la propuesta nunca pudiera funcionar. Me señalan qué tendría que saber antes de retomarla: qué producto ofreceríamos y a quiénes, qué pérdidas enfrentan esos productores, qué atención necesitan y qué instituciones estarían dispuestas a financiar el servicio y asumir las obligaciones correspondientes. También habría que compararlo con seguros más sencillos y con otras formas de proteger a los productores, incluidas las medidas que reducen su exposición a las pérdidas.
La revisión deja posibilidades que vale la pena explorar: mecanismos institucionales y comisiones registradas que dan elementos para seguir investigando. No demuestra todavía que el servicio pudiera sostenerse ni que ofreciera una protección con la que los productores pudieran contar.
Si retomara el proyecto, empezaría por lo que un productor podría esperar razonablemente después de contratar la póliza, quién tendría que responder por ello y de dónde saldrían los recursos para cumplir, también en un mal año. La rapidez de la indemnización tendría valor como parte de ese compromiso.