Sostenibilidad y criterios ESG: lo que está en juego
Hector Gonzalez
¿Cuánto se les puede exigir a las empresas en nombre de la sostenibilidad? La pregunta merece una discusión seria. Cambiar procesos, reducir emisiones y cumplir nuevas obligaciones tiene costos. También importa quién puede asumirlos y en qué plazo. Pero la discusión queda incompleta si solo contamos lo que cuesta actuar y dejamos fuera los daños que buscamos evitar.
La meta de limitar el calentamiento a 1,5 °C responde a esa preocupación. El IPCC advierte que los riesgos para la salud, los medios de vida, la alimentación y el abastecimiento de agua aumentan con un calentamiento de 1,5 °C y crecen aún más a los 2 °C. Algunos impactos pueden ser duraderos o irreversibles. No hay una temperatura por debajo de la cual desaparezcan todos los daños; cada incremento del calentamiento importa. Por eso me preocupa que la resistencia a los criterios ambientales, sociales y de gobernanza, conocidos por sus siglas en inglés, ESG, termine relegando los problemas que esos criterios buscan atender.
La resistencia a los criterios ESG
Las disputas sobre regulación, ganancias y libertad de empresa no comenzaron con las siglas ESG. Me preocupa que, al defender a las empresas de exigencias excesivas o mal diseñadas, se termine debilitando también la protección de quienes sufren las consecuencias de sus decisiones. Una regulación puede ser costosa, confusa o poco eficaz. Cuestionarla es necesario. Lo que habría que examinar es si la alternativa corrige esas fallas o simplemente deja el problema sin atender.
También conviene distinguir la intensidad de la polémica de sus resultados. Un análisis de EY sobre las votaciones de accionistas de 2024, publicado en el Harvard Law School Forum on Corporate Governance, reportó que 70 propuestas contrarias a los criterios ESG llegaron a votación y obtuvieron, en promedio, apenas un 2 % de apoyo. Eran propuestas de accionistas, no iniciativas de ley. Ese promedio no permite calcular cuántas leyes fueron rechazadas ni concluir que la resistencia política haya desaparecido. La distinción importa: una asamblea de accionistas y un congreso son espacios distintos, y lo que ocurre en uno no permite dar por resuelta la disputa en el otro.
Cambiar el nombre no resuelve el problema
La discusión también alcanza las palabras. La iniciativa Freedom to Invest, de Ceres, dirigida por Andrew Collier, defiende que los inversionistas puedan evaluar los riesgos y las oportunidades financieras y tomar sus propias decisiones. Ese argumento permite hablar de los asuntos que suelen agruparse bajo las siglas ESG sin hacer de las siglas el centro de la conversación.
Un lenguaje menos polarizado puede ayudar. No veo una razón para aferrarnos a una etiqueta si otra permite explicar mejor lo que está en juego. Mi preocupación es que el cambio de nombre vuelva menos visibles los compromisos de una empresa. Se llame como se llame una estrategia, deberíamos poder saber qué busca, con qué recursos cuenta y cómo se evaluarán sus resultados. La discusión sobre las palabras pierde sentido si nos distrae de esas preguntas.
Cuando los daños llegan a las cuentas
Separar por completo la sostenibilidad del desempeño financiero lleva a perder de vista riesgos importantes. La contaminación, la explotación laboral y las fallas de gobierno corporativo pueden causar daños y generar costos para una empresa. Las multas, la pérdida de clientes o las decisiones de los inversionistas son algunas vías por las que esos problemas pueden afectar sus resultados. Pero el daño a una comunidad y la pérdida para una empresa no son la misma cosa. Que un daño todavía no aparezca en sus cuentas no significa que nadie lo esté pagando. Y que nunca llegue a afectar sus ganancias tampoco lo vuelve aceptable.
También hay una objeción que debemos tomar en serio: recopilar datos, preparar informes y atender cada nueva exigencia consume recursos. Un informe puede estar completo y decir muy poco sobre las decisiones que deberían cambiar. Yo empezaría por identificar los riesgos más importantes, explicar por qué lo son y asignar responsabilidades para atenderlos. Acumular indicadores sin prioridades claras puede terminar ocultando lo que necesitábamos ver. El informe debería servir para decidir, no convertirse en el destino de todo el esfuerzo.
Los plazos también cuentan
Una inversión en equipo o en la formación del personal puede tardar en dar resultados. Con las decisiones de sostenibilidad sucede algo parecido. La investigación de Witold Henisz sobre el propósito empresarial y las relaciones con trabajadores, clientes, proveedores y comunidades examina su relación con la creación de valor a largo plazo. No establece que cualquier inversión en sostenibilidad se recupere en dos años. El plazo depende de qué se haga, de cómo se espera obtener resultados y de qué se esté midiendo.
Pedir paciencia tampoco basta. Una empresa debe explicar por qué necesita tiempo, qué avances espera observar durante ese periodo y qué haría si los resultados no llegan. La presión por rendir cuentas cada trimestre puede desalentar decisiones valiosas. Pero invocar el largo plazo también puede servir para aplazar indefinidamente la evaluación de una estrategia. Hace falta distinguir entre una inversión que necesita madurar y una promesa que nadie está comprobando.
Quién paga cuando una empresa no actúa
La discusión sobre los riesgos ESG no termina en el balance de una empresa. Los daños que se dejan sin atender pueden recaer en trabajadores, comunidades y presupuestos públicos. Cuando hay que reparar infraestructura, atender una emergencia o destinar recursos públicos a remediar un daño, una parte de la cuenta puede llegar a los contribuyentes. Por eso, al evaluar una decisión, me interesa seguir el recorrido de sus costos: cuáles asume la empresa, cuáles evita y cuáles terminan pagando otras personas.
La evidencia ayuda a examinar estas decisiones sin convertir la sostenibilidad en una promesa automática de rentabilidad. Una revisión del Center for Sustainable Business de NYU Stern y Rockefeller Asset Management examinó más de mil estudios sobre la relación entre ESG y desempeño financiero. No leería ese conjunto de investigaciones como una garantía para cualquier iniciativa que lleve la etiqueta ESG. La pregunta es qué decisiones pueden generar valor, en qué condiciones y durante cuánto tiempo. Ahí también entran efectos difíciles de medir, como la reputación, la permanencia del personal y las relaciones con las comunidades.
ESG y sostenibilidad no son sinónimos
En este ensayo uso ESG para referirme a los factores ambientales, sociales y de gobernanza que se incorporan al evaluar riesgos y oportunidades. La sostenibilidad plantea una pregunta más amplia: si una actividad puede mantenerse en el tiempo sin deteriorar las condiciones ambientales y sociales de las que depende. Un análisis de 2024 publicado en el blog de NYU sobre cumplimiento normativo recuerda que el concepto de ESG buscaba atender riesgos y oportunidades que no quedaban reflejados en los estados financieros o en el análisis de inversiones. Informar sobre esos asuntos y cambiar la manera de operar son tareas distintas.
Esa diferencia también obliga a reconocer un límite del argumento financiero. No toda decisión socialmente valiosa será rentable para una empresa. Puede haber costos, tensiones y prioridades que no se reconcilien con facilidad. No le pediría a una empresa que resolviera por sí sola todos los problemas sociales; tampoco haría depender toda obligación ambiental o laboral de que aumentara sus ganancias. La regulación y la rendición de cuentas importan precisamente porque los intereses de una empresa y los de la sociedad no siempre coinciden.
Lo que podemos pedirle al mercado
Los créditos de carbono, los bonos verdes y los incentivos empresariales pueden movilizar recursos. Mi preocupación aparece cuando se espera que esos instrumentos resuelvan por sí solos problemas que también requieren reglas, inversión pública y cambios en la producción. Conseguir financiamiento para una iniciativa no demuestra que haya reducido emisiones. Transferir un riesgo tampoco equivale a evitar el daño que lo origina.
Las aseguradoras y los intermediarios financieros tienen un papel que desempeñar. La pregunta es qué cambia, además de quién asume las pérdidas: si disminuye la exposición al riesgo, si una empresa modifica sus procesos y si mejoran las condiciones de quienes podían resultar afectados. Financiar una transición y cambiar la actividad que produce el daño pueden formar parte del mismo esfuerzo. Lo que me preocupa es que se dé por cumplida la segunda tarea con solo haber realizado la primera.
Saberlo y seguir posponiéndolo
Podemos reconocer un problema y seguir actuando como si todavía tuviéramos mucho tiempo para atenderlo. Cuando las consecuencias parecen lejanas o recaen sobre otras personas, resulta más fácil dejarlas para después. Me interesa cuestionar la distancia desde la que juzgamos esa urgencia. Quien cuenta con recursos para protegerse de un riesgo puede vivirlo de una manera muy distinta a quien carece de alternativas.
Los incendios en California ayudan a pensar en la relación entre los daños físicos y sus consecuencias económicas. Para una familia, perder una vivienda, tener dificultades para asegurarla o no poder financiar su reconstrucción son problemas que pueden encadenarse. El cambio climático atraviesa decisiones sobre vivienda, seguros e inversión. Tratarlo como un asunto ambiental separado de esas decisiones deja fuera una parte de lo que está en juego.
La responsabilidad que nos toca
Mi generación tendrá que vivir durante décadas con las consecuencias de las decisiones que se tomen ahora. Por eso me cuesta aceptar que la sostenibilidad se vuelva prescindible cuando resulta políticamente incómoda. Al mismo tiempo, tomarla en serio exige responder a las objeciones sobre costos, resultados y capacidad de ejecución. Defender los criterios ESG no obliga a defender cualquier indicador, informe o inversión que se presente bajo esas siglas.
Quiero una economía que pueda sostenerse y que ofrezca condiciones dignas de vida. Los criterios ESG pueden contribuir a ese propósito si ayudan a reconocer riesgos, cambiar decisiones y exigir cuentas. Habrá que corregir herramientas que no funcionan y reconocer cuándo una promesa no se cumple. También habrá que sostener decisiones difíciles cuyos beneficios tardarán en verse. Para mí, ser realistas significa tomar en serio ambas responsabilidades: hacer que las propuestas funcionen y evitar que la dificultad sirva de excusa para seguir aplazándolas.
Nota sobre las fuentes
El ensayo se publicó originalmente en marzo de 2025. En la revisión de octubre de 2026 se sustituyeron las cifras de 98 % y 96 % sobre supuestas iniciativas legislativas por el dato documentado sobre votaciones de accionistas. También se retiraron la atribución a un panel de NYU que no pudo verificarse y la afirmación de un plazo universal de dos años para obtener resultados financieros. Esta versión en español conserva esas correcciones y los enlaces a las fuentes.