¿Quién paga por la ciudad?
Lo que aprendí en Guadalajara sobre el costo de vivir siempre alerta
Hector Gonzalez
Durante una visita a la Ciudad de México que organizamos como parte de Mexico Development Lab, el programa de UC Berkeley, algunos de mis colegas de la India comentaron que se sentían «como en casa». Me sorprendió escucharlos. Me quedé pensando en lo que podía resultarles familiar en una ciudad tan lejos de donde habían crecido.
Eso me hizo pensar en mi infancia en Guadalajara. Además de las reglas oficiales, había otras que se aprendían en la calle. El semáforo indicaba cuándo podía cruzar; la experiencia me enseñó a mirar una vez más.
Aprendí a anticipar el peligro: observar lo que pasaba a mi alrededor en el camión, preguntarme si alguien estaría esperando cerca de las vías del tren y buscar el momento para cruzar una avenida por la que los coches pasaban demasiado rápido. Las reglas de tránsito prometían cierta protección. En la práctica, cruzar dependía muchas veces de anticipar qué haría el conductor de un vehículo de una o dos toneladas y de mantenerme alerta.
Hay un aprendizaje muy particular en esa experiencia. Uno termina leyendo la calle como quien mira el cielo para saber si va a llover: busca señales, anticipa lo que puede pasar y decide si avanza o espera. Esa destreza ayuda a desenvolverse. También exige un esfuerzo cada vez que uno sale de casa.
Un cruce peligroso tiene un costo incluso cuando no ocurre nada: la atención que exige cada vez que hay que atravesarlo.
Esa necesidad de estar atento iba más allá del tránsito. Recuerdo a los vecinos barriendo sus banquetas y la basura que se acumulaba junto a las coladeras. En temporada de lluvias, las bolsas de plástico, las botellas y los trapos podían obstruirlas y dificultar la salida del agua de toda una calle. Lo que se acumulaba más arriba terminaba afectando a quienes estaban más abajo.
Con el agua para beber pasaba algo parecido. En mi entorno dábamos por hecho que había que tratarla antes de beberla. Incluso servirse un vaso de agua requería cierta cautela: saber de dónde venía, cómo se había tratado y si era seguro tomarla.
Esas experiencias me enseñaron algo mucho antes de que supiera expresarlo en términos económicos: cuando fallan los servicios públicos, alguien termina pagando.
A veces el costo es evidente: dinero para comprar agua, hacer reparaciones o llegar a algún lugar de una manera más segura. Otras veces pagamos con el tiempo que se va en esperar, dar un rodeo o buscar por cuenta propia una alternativa a un servicio que no es confiable. También pagamos con el desgaste de permanecer alerta.
Las familias acaban resolviendo por su cuenta problemas que no crearon. Quien tiene dinero puede pagar mejores alternativas; quien no lo tiene soporta una parte mayor de las incomodidades y los riesgos. El ingenio de la gente ayuda a salir del paso. No debería servir de excusa para dejar esas fallas sin resolver.
En la Guadalajara donde crecí, parecía haber más consideración por los coches que por quienes íbamos a pie. Una avenida podía permitir que los vehículos avanzaran con fluidez y, a la vez, convertir una caminata corta en un recorrido difícil o peligroso. Decidir si esa avenida funcionaba bien dependía de dónde estuviera uno: al volante o en la banqueta, intentando cruzar.
Tomar el camión significaba adaptarse a condiciones sobre las que, como pasajeros, teníamos poco control. Me quedó la sensación de que la seguridad y la comodidad dependían mucho de poder pagar otra opción. Poder evitar un problema público mediante una solución privada es, en sí mismo, un privilegio.
Ahí encuentro la relación entre el diseño de la ciudad y las externalidades: los costos o beneficios que una decisión genera para otras personas y que no quedan reflejados en lo que paga o recibe quien la toma.
Un conductor puede ahorrarse unos segundos al acelerar, mientras un peatón enfrenta un riesgo mayor. La basura tirada en un lugar puede obstruir el drenaje y causar problemas en otro. La comodidad es de uno; una parte de la cuenta le llega a alguien más.
No toda falla de un servicio público es una externalidad. Hay problemas de acceso desigual, de inversión insuficiente o de mala administración. En la vida cotidiana, esas dificultades se acumulan en las mismas calles. Juntas influyen en qué comodidades se protegen y qué dificultades terminamos aceptando como una parte normal, casi invisible, de vivir en la ciudad.
Hablar de externalidades permite seguir el recorrido de esos costos. También obliga a preguntarse para quién son «externos». Pueden quedar fuera de los cálculos de un conductor o de las cuentas de una empresa. Son externos a esas cuentas, pero muy concretos para quien tiene que vivir con ellos.
Me frustraba la diferencia entre la atención que recibían las obras más visibles y la que parecía dedicarse a mantener la ciudad en funcionamiento. Un monumento se puede inaugurar y fotografiar. Un drenaje que funciona durante las lluvias llama menos la atención. Pero es en el mantenimiento, los cruces seguros, el transporte confiable y el agua potable donde sentimos, día a día, si el gobierno responde a nuestras necesidades.
Los parques, las plazas y los monumentos también enriquecen la vida urbana. La belleza de un espacio público importa. Lo que me preocupa es que se juzgue una obra por su visibilidad y se descuide lo necesario para usar la ciudad con seguridad. Una plaza hermosa y un drenaje que funciona deberían formar parte de la misma responsabilidad pública.
La rendición de cuentas también importa en las empresas. Cuando las normas se hacen cumplir de manera desigual, una empresa que invierte en seguridad o cumple sus obligaciones ambientales puede asumir costos que un competidor evita. Si incumplir resulta más ventajoso, sostener una conducta responsable se vuelve más difícil.
Cuando una empresa deja riesgos sin atender, las consecuencias pueden recaer en trabajadores, vecinos o servicios públicos. Lo que parece un ahorro en sus cuentas puede traducirse en costos para otras personas: exposición al peligro, contaminación o recursos destinados a atender los daños. Si no se exige el cumplimiento de las normas, también puede resultar más difícil identificar las decisiones que produjeron esas consecuencias y exigir una respuesta.
Entiendo por qué se buscan soluciones privadas cuando las colectivas fallan. Esperar a que mejore una institución no resuelve cómo cruzar hoy una avenida. Pero el funcionamiento de una ciudad no puede depender de lo que cada familia alcance a pagar para protegerse. Quienes tienen menos alternativas siguen más expuestos; quienes pueden pagar otra opción tienen más posibilidades de evitar el problema en su vida diaria.
Estos recuerdos no describen todos los barrios de Guadalajara, mucho menos todas las ciudades de México. Son recuerdos de ciertos lugares y de mi manera de recorrerlos. Explican por qué me cuesta pensar en la política urbana como algo abstracto.
Cuando pienso en ella, recuerdo la duda antes de cruzar una calle, un viaje en camión que exigía estar atento o el agua de lluvia que arrastraba basura cuesta abajo. Antes de hablar de incentivos, regulación o inversión pública, para mí se trataba de algo mucho más inmediato: cómo llegar a casa.
Para cambiar eso hacen falta instituciones en las que se pueda confiar: mantenimiento preventivo para el drenaje, cruces diseñados para proteger a quienes caminan, gasto público transparente y servicios con compromisos claros y responsables a quienes se pueda exigir su cumplimiento.
La participación también importa. Quienes viven en un barrio saben dónde se acumula el agua y qué cruces les parecen peligrosos. Ese conocimiento debería tomarse en cuenta. Quienes reportan un problema tendrían que poder saber qué seguimiento se le dio. Pero participar se vuelve agotador cuando significa pedir una y otra vez servicios básicos o supervisar tareas que ya le corresponden a una institución. No deberíamos necesitar convertirnos en supervisores de tiempo completo para poder contar con los servicios básicos.
Quiero ciudades donde caminar, tomar el camión, respirar aire limpio y beber agua potable no dependan de pagar alternativas privadas ni de estar siempre alerta. Ciudades donde la gente trabajadora pueda moverse con dignidad y el espacio público permita convivir, expresarse y encontrar oportunidades.
También mediría el progreso por la posibilidad de bajar la guardia: ¿puede un niño cruzar con confianza? ¿Puede un pasajero confiar en el trayecto? ¿Puede una familia contar con agua potable y con un drenaje que funcione?
La ciudad que quiero nos daría más libertad para ocuparnos de nuestra vida, sin tener que calcular a cada paso cómo ponernos a salvo.
Al decidir cómo construir y gobernar una ciudad, tendríamos que tener presentes estas preguntas: quién paga sus costos y quién puede sentirse protegido en ella.