Propiedad compartida en la transición energética de México
Qué podemos aprender de Dinamarca sobre los beneficios, los riesgos y el poder de decisión
Hector Gonzalez
Mirar un aerogenerador no basta para saber quién se beneficia de la electricidad que produce. Puede pertenecer a una sola persona, a un grupo de inversionistas o a una organización en la que cada socio tiene un voto.
Esa diferencia no se ve desde la carretera, pero puede cambiar mucho para quienes viven cerca.
Podemos contar las turbinas, medir cuánta electricidad producen y estimar las emisiones que podrían evitar. Para entender qué significa un proyecto para quienes viven a su alrededor hacen falta otras preguntas. ¿Quién recibe los ingresos? ¿Quién puede cuestionar una decisión? ¿Quién tiene derechos sobre la tierra y de qué viven las personas afectadas? ¿Qué pasa cuando el proyecto tiene un mal año?
Me interesa una posibilidad concreta: que las personas afectadas por un proyecto energético sean también dueñas de una parte, a través de una organización colectiva. Eso podría darles ingresos a lo largo del tiempo y poder para intervenir en decisiones importantes. También podría exponer sus ahorros a un negocio sobre el que tuvieran poca influencia.
La pregunta es qué recibirían realmente a cambio y qué riesgos tendrían que asumir.
En 2023 exploré posibilidades de organización cooperativa y propiedad compartida como parte de mi contribución a un memorando de seis autores sobre la rendición de cuentas en la transición energética de México, elaborado en Mexico Development Lab, en UC Berkeley. También reuní las aportaciones del equipo en el documento y lo compartí con representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que habían expresado interés en leerlo.
La experiencia danesa fue una referencia para ese trabajo. Al volver ahora a la pregunta, me parece necesario comparar la propiedad con un acuerdo que tenga financiamiento, distribuya beneficios y permita participar en las decisiones y exigir su cumplimiento, sin pedir a las personas que arriesguen sus ahorros.
Para México, empezaría por los proyectos eólicos terrestres que afectan a comunidades locales. ¿Qué les daría la propiedad colectiva que no pudieran conseguir, con resultados comparables, mediante otro acuerdo?
La comparación importa. Si la única alternativa que imaginamos es un proyecto que excluye a las personas de los beneficios y las decisiones, casi cualquier oferta de propiedad parecerá atractiva. Yo querría saber si mejora un acuerdo que ya respete sus derechos, distribuya beneficios y les permita pedir cuentas. De otro modo, estaríamos comparando una propuesta con una alternativa a la que de antemano le quitamos sus mejores posibilidades.
Qué nos enseña el caso danés
Middelgrunden, el parque eólico marino situado cerca de Copenhague, ofrece un punto de partida concreto. Sus veinte turbinas suman una capacidad de 40 megawatts. El proyecto se desarrolló mediante la colaboración de una organización ciudadana y la empresa municipal de servicios de Copenhague. La organización ciudadana es propietaria de diez turbinas y HOFOR, de las otras diez. Historia del proyecto; descripción de la propiedad.
Un parque marino junto a Copenhague no permite anticipar, por sí solo, lo que ocurriría con un proyecto terrestre en México. Habría que examinar los usos de la tierra, las formas de sustento, los derechos y las instituciones de cada lugar. Construir en el mar también plantea problemas distintos de instalar turbinas, caminos de acceso y líneas de transmisión en tierras que las personas utilizan.
Middelgrunden resulta útil porque permite examinar cómo se resolvieron cuestiones concretas. ¿Cómo financiaron los ciudadanos su participación? ¿Qué relación había entre el dinero invertido y el derecho a votar? ¿Qué apoyos hicieron posible la organización? ¿Qué ocurrió cuando la maquinaria envejeció?
Esas preguntas pueden ser más útiles para México que trasladar una figura jurídica danesa.
La organización ciudadana suele describirse como una cooperativa, aunque su figura jurídica es una sociedad de personas danesa de tipo I/S. Su parte del proyecto se dividió en 40,500 participaciones, con un precio inicial de 4,250 coronas danesas cada una, que debían pagarse por adelantado. Hubo también financiamiento público para los estudios preliminares, incluidos análisis de la organización y la viabilidad económica de la parte ciudadana. La inversión de los hogares fue, por tanto, uno de varios componentes que hicieron posible el proyecto. Relato de sus participantes, 2000.
Los estatutos separan el voto de la participación económica: cada socio tiene un voto, mientras que el dinero se reparte según cuántas participaciones posee. Prohíben que la sociedad se endeude, pero mantienen la responsabilidad personal y solidaria de los socios frente a los acreedores de la sociedad. Limitar el endeudamiento de la organización no equivale a limitar la responsabilidad de sus miembros. Tampoco permite saber si los socios pidieron préstamos por su cuenta para invertir. Estatutos reformados en marzo de 2022, apartados 6 y 13 a 16.
Estos detalles cambian lo que podemos aprender del caso. Bajo el nombre de «propiedad comunitaria» caben acuerdos con consecuencias muy distintas. Tener el mismo número de votos no significa recibir el mismo ingreso. Limitar el endeudamiento de la organización no elimina todos los riesgos. Y el apoyo público a los estudios iniciales obliga a preguntar quién paga el trabajo necesario antes de que exista una oportunidad de inversión.
Middelgrunden muestra que una organización ciudadana y una empresa de servicios pueden desarrollar y operar juntas un parque eólico. El caso no permite aislar cuánto contribuyó la propiedad al respaldo social del proyecto y cuánto correspondió al trabajo de participación, los apoyos públicos y las condiciones financieras y regulatorias que lo rodeaban.
El parque, además, es anterior al esquema nacional danés que después obligó a los desarrolladores sujetos a sus reglas a ofrecer al menos el 20% de un proyecto a compradores locales que cumplieran los requisitos. El esquema tenía excepciones y fue eliminado en 2020, con disposiciones transitorias para proyectos que hubieran obtenido permiso de construcción antes del 1 de junio de ese año. No debe presentarse como una obligación universal vigente. Agencia Danesa de Energía.
Ofrecer la posibilidad de invertir tampoco garantizó una participación amplia. Una revisión gubernamental reportó 335 compradores en quince proyectos incluidos en una evaluación inicial de 2009 a 2011. Alrededor de una tercera parte de los compradores concentró cerca del 95% del valor de las compras. No eran cifras de los socios de Middelgrunden, y la concentración de la inversión no demuestra, por sí sola, una conducta indebida. Revisión gubernamental de diciembre de 2018, páginas 50 y 51.
Sí señala un problema de diseño: una oferta abierta a muchas personas puede terminar concentrando la inversión en pocas. Que la puerta esté abierta no nos dice quién tiene el dinero, el tiempo o la confianza para cruzarla. Si se busca una participación amplia, hay que examinar qué ocurre después de hacer la oferta.
La experiencia danesa incluye también mecanismos que no requieren comprar una participación: compensaciones por pérdida de valor de los inmuebles, opciones de venta del inmueble afectado cuando se cumplen ciertos requisitos, pagos anuales a vecinos y fondos verdes municipales. Los requisitos y las condiciones varían. Hay varios acuerdos posibles que comparar, no un solo modelo que copiar. Panorama de estos mecanismos de la Agencia Danesa de Energía.
Cómo se reparte el dinero
Pensemos en la empresa que opera un proyecto y recibe 100 pesos por vender electricidad. Supongamos que, después de cubrir los costos de operación, los impuestos, los pagos de deuda y las reservas obligatorias, quedan 20 pesos que legalmente pueden repartirse. Si se distribuyen en proporción a las acciones ordinarias, una organización comunitaria que tenga el 10% recibiría dos pesos.
Es fácil pasar por alto la diferencia. Ser dueño del 10% no significa necesariamente recibir el 10% de las ventas de electricidad. Importa qué obligaciones se pagan primero y qué dinero queda disponible después.
El ejemplo sirve para seguir el recorrido del dinero. No es un pronóstico ni un estado de resultados contable: los 20 pesos disponibles no deben confundirse automáticamente con una utilidad contable. En un proyecto real, los repartos dependerían de los contratos de financiamiento, los derechos de cada tipo de participación, las obligaciones legales y las decisiones sobre los recursos que convenga conservar.
Todavía faltaría otra decisión: ¿qué haría la organización comunitaria con esos dos pesos?
Podría reservarlos para gastos futuros, destinarlos a fines colectivos o repartirlos entre sus socios conforme a sus reglas. Hay, por tanto, dos decisiones distintas: cuánto recibe la organización y qué hace con ese dinero. Incluso si recibe buenos ingresos, podría necesitar recursos para administración, asesoría o reservas antes de decidir cuánto llegaría a sus miembros o al resto de la comunidad.
Por eso las reglas de reparto tendrían que formar parte de la propuesta desde el principio. ¿Se recibirían beneficios por el monto invertido, por pertenecer a la organización, por los impactos sufridos o por una combinación de esas condiciones? ¿Recibirían algo quienes no pudieran invertir? Las respuestas determinarían a quién sirve el acuerdo.
También habría que examinar qué ocurre cuando al proyecto le va mal. Si baja la producción o las reparaciones se vuelven costosas, los repartos pueden desaparecer. Un hogar que se endeudó para invertir podría seguir teniendo pagos del préstamo que cubrir. Aun bajo un régimen de responsabilidad limitada se puede perder la inversión; los préstamos y las garantías personales exigen una revisión aparte.
Middelgrunden permite ver esos riesgos en una operación real. La sociedad ciudadana reportó pérdidas contables de aproximadamente 496,000 coronas danesas en 2025 y 831,000 en 2024. La administración señaló una baja disponibilidad de las turbinas y costos elevados de reparación. El informe también explicó que la antigüedad y el desgaste impedían contar con cobertura por daños en el seguro de maquinaria. Esos resultados no permiten saber cuánto han ganado o perdido los socios a lo largo de toda su inversión. Sí muestran por qué el mantenimiento, los límites del seguro y el desmantelamiento deben considerarse desde el inicio. Informe anual de 2025.
En México, no bastaría con ofrecer participaciones de bajo precio. Una inversión pequeña puede seguir fuera del alcance de un hogar que necesita ese dinero para alimentación, vivienda o una emergencia. Habría que preguntar a qué renuncia para invertir y cuánto tiempo podría pasar sin recibir repartos.
Aportar tierra también tiene un costo, aunque cambie de manos poco dinero. Pasar de recibir pagos previsibles por su uso a depender de futuros repartos cambia los riesgos de quien tiene esos derechos. El rendimiento prometido tendría que compararse con el ingreso o el uso de la tierra al que se renuncia.
Los apoyos no reembolsables o los subsidios para adquirir una participación colectiva podrían reducir esas barreras. Alguien tendría que financiarlos. Los recursos públicos tienen otros usos posibles, y la comparación tendría que tomarlos en cuenta. ¿El subsidio permitiría construir un activo colectivo valioso o un acuerdo de beneficios debidamente financiado ofrecería ventajas más amplias y confiables?
La propiedad y el poder de decisión
Una cooperativa puede elegir democráticamente a sus dirigentes y, al mismo tiempo, tener una participación minoritaria con poca influencia sobre el proyecto. La votación interna decide quién representa a los socios. El acuerdo con los demás propietarios determina qué puede hacer esa persona.
Imaginemos que los socios eligen cuidadosamente a un representante y después descubren que puede asistir a las reuniones, pero no obtener información financiera útil ni influir en las decisiones que más afectan los repartos. La organización podría tener una vida interna democrática y seguir en una posición débil frente al proyecto.
Un lugar en el consejo de administración podría dar acceso a ciertas decisiones. También podrían acordarse asuntos que requirieran la aprobación del propietario colectivo, como la venta de activos, nuevas deudas u operaciones con empresas vinculadas. La información financiera y la revisión independiente ayudarían a entender cómo se genera y se distribuye el valor del negocio.
Pero el «acceso a la información» necesita contenido concreto. ¿Cuándo se entrega? ¿En qué idioma y formato? ¿Quién puede explicarla? ¿Qué pasa si llega incompleta o después de que se tomó una decisión importante?
Esas facultades tendrían que negociarse. No conviene suponer que vienen incluidas por el hecho de tener una participación. Su utilidad dependería del financiamiento, del derecho aplicable y de los medios que las personas realmente pudieran utilizar para exigir su cumplimiento. Un derecho que cuesta más defender de lo que sus titulares pueden pagar ofrece poca protección.
Pensemos en una participación como en la promesa de recibir una parte de una cosecha. Su valor depende de qué se descuenta antes de repartirla y de quién puede influir en su manejo. Saber qué proporción nos toca dice poco si no conocemos los gastos, las decisiones y los riesgos que hay detrás.
La comparación tiene un límite: los derechos sobre la tierra existen independientemente de esa promesa. Aceptar una participación económica no debe dejar en la ambigüedad quién tiene esos derechos ni quién está facultado para autorizar el uso de la tierra.
Las condiciones institucionales en México
Para que una organización comunitaria sea dueña de parte de un proyecto, habría que definir cómo operaría ese proyecto dentro del marco eléctrico mexicano. La legislación examinada permite modalidades de desarrollo estatal, privado y mixto sujetas a una planeación vinculante. El requisito nacional de participación estatal y el requisito específico del esquema de inversión mixta son distintos. Ninguno establece, por sí mismo, un derecho general de las comunidades a participar en la propiedad. [Nota jurídica 1]
Antes de evaluar las promesas financieras y de participación habría que identificar una vía concreta para el proyecto. ¿Quién tendría el permiso? ¿Quién vendería la electricidad? ¿De qué sería dueña la organización colectiva y mediante qué acuerdos recibiría ingresos o intervendría en las decisiones?
La legislación mexicana sobre cooperativas reconoce un voto por socio y admite la responsabilidad limitada. También distingue tipos de cooperativa, funciones de los socios y reglas para repartir los rendimientos. Constituir una cooperativa no demostraría, por sí solo, que la estructura de inversión propuesta pudiera funcionar. [Nota jurídica 2]
La figura adecuada tendría que elegirse a partir de lo que las personas quieren hacer y de lo que permite la ley. Llamar «cooperativa» a una organización no resuelve cómo se relacionan la condición de socio, el trabajo, la inversión y los repartos.
Tener una participación tampoco reduciría automáticamente el recibo de luz ni mejoraría la continuidad del suministro. La propiedad financiera, el suministro de electricidad y la operación física del sistema requieren acuerdos distintos. Cada beneficio prometido necesita una explicación del mecanismo que lo haría posible.
También habría que distinguir entre vivir en el lugar, tener derechos sobre la tierra y aportar capital. Una misma persona puede reunir varias de esas condiciones, sin que los derechos que corresponden a cada una sean idénticos. A ello se suman los derechos de los pueblos indígenas que pudieran verse afectados. La Ley Agraria distingue las tierras ejidales de uso común de las parcelas individuales y establece facultades de decisión diferentes. Una nueva organización de inversionistas no puede simplemente sustituir a la autoridad que corresponda sobre la tierra. [Nota jurídica 3]
La palabra «comunidad» puede ocultar esas diferencias. Una organización abierta a inversionistas podría excluir a habitantes afectados que no tienen dinero para participar. Un acuerdo con quienes tienen derechos sobre la tierra podría dejar sin beneficios a otros habitantes. La mayoría dentro de una organización no representa necesariamente a todas las personas afectadas por el proyecto.
La consulta y el consentimiento merecen especial cuidado. La Constitución reconoce la consulta a los pueblos indígenas sobre medidas con efectos significativos, orientada a obtener su consentimiento o alcanzar un acuerdo, y contempla beneficios justos y equitativos. Esos derechos no dependen de comprar una participación. [Nota jurídica 4]
El consentimiento también puede ser un requisito de fondo. En una sentencia de 2018 sobre un proyecto eólico que afectaba a la comunidad zapoteca de Juchitán, la Primera Sala de la Suprema Corte examinó la exigencia de consentimiento para ese proyecto de gran escala y concluyó que se había obtenido. La decisión no resuelve qué se exigiría en todos los proyectos futuros. Sí impide tratar el consentimiento como una mera aspiración en cualquier circunstancia. [Nota jurídica 5]
Hay, además, obligaciones frente a los impactos del proyecto. Las disposiciones mexicanas de 2026 sobre impacto social dan prioridad a evitarlos y, después, a mitigarlos, remediarlos y compensar los impactos residuales. También contemplan beneficios compartidos y seguimiento. Una oferta de participación en la propiedad no demuestra que se hayan cumplido esas responsabilidades. [Nota jurídica 6]
En una propuesta concreta habría que examinar cómo concurren esos requisitos. Una votación entre inversionistas no sustituye el procedimiento que corresponda a los titulares de derechos, y un dividendo esperado no responde a todas las objeciones sobre los impactos del proyecto.
La objeción más importante
Las personas no deberían tener que convertirse en inversionistas para recibir un trato justo de un proyecto que afecta sus vidas.
Si los hogares asumen un riesgo financiero concentrado mientras el desarrollador conserva el control de la gestión y los acreedores tienen prioridad sobre el dinero disponible, la etiqueta de «participación» podría encubrir un mal acuerdo.
La preocupación aumenta cuando los riesgos se acumulan. Un hogar podría depender de la misma zona para su sustento, recibir los impactos del proyecto e invertir sus ahorros en la empresa que lo opera. Un resultado adverso afectaría entonces varias partes de su seguridad al mismo tiempo. Que una inversión sea local no la convierte necesariamente en un destino prudente para el ahorro familiar.
Subsidiar la inversión tampoco resolvería automáticamente los problemas de gobierno de la organización. Podrían dominarla quienes tienen más tiempo, educación o contactos. Los representantes que esperan recibir ingresos del proyecto podrían mostrarse menos dispuestos a reconocer daños o cuestionar a la administración.
Quienes discreparan podrían enfrentar la presión de vecinos que vieran la oposición como una amenaza a los futuros repartos. Una persona que cuestionara el proyecto podría ser señalada por poner en riesgo un activo colectivo, aunque su preocupación mereciera respuesta. La posibilidad de disentir tendría que mantenerse durante toda la vida del proyecto, también para quienes nunca inviertan.
La misma debilidad institucional que vuelve atractiva la propiedad compartida podría debilitarla. Si las personas tienen dificultades para hacer cumplir los acuerdos sobre la tierra u obtener información confiable, convertirse en accionistas no vuelve automáticamente accesibles los tribunales, comprensibles las cuentas o receptivos a los administradores. La nueva relación jurídica puede crear derechos y dejar intactos los obstáculos para ejercerlos.
Algunas facultades deseables también podrían obtenerse sin invertir. Un acuerdo podría reconocer derechos de información, representación, vigilancia o aprobación de determinadas decisiones. Habría que examinar si pueden hacerse valer. No conviene contar esas facultades como una ventaja exclusiva de tener acciones.
Las alternativas financieras merecen la misma atención. Se podrían pactar pagos ligados a los ingresos brutos sin exigir que los hogares invirtieran. Esos pagos seguirían dependiendo de la producción, los precios y el cumplimiento de quien debe pagar. Los pagos fijos o actualizados mediante un índice por el uso de la tierra podrían ofrecer ingresos contractuales más previsibles a los titulares de derechos, pero no necesariamente beneficiarían a los habitantes afectados que no tienen tierra. Un fondo comunitario podría atender a una población más amplia y, aun así, quedar bajo el control de un grupo que decidiera el reparto en su propio beneficio.
Todos esos acuerdos requieren reglas de gobierno. Hay que definir quién puede recibir beneficios, quién decide, quién vigila y qué ocurre cuando no se cumple un compromiso.
Una comparación justa también tendría que dotar a las alternativas de financiamiento y medios creíbles para exigir su cumplimiento. De otro modo, la propiedad compartida parecería mejor porque diseñamos mal las demás opciones.
Cuándo vale la pena compartir la propiedad
Después de esas objeciones, sigue habiendo una razón para considerar la propiedad: las personas podrían querer construir y gobernar un activo colectivo. Una participación duradera podría darles derecho a una parte del dinero que pueda distribuirse y del valor del activo, junto con facultades útiles para intervenir en las decisiones.
Esa combinación podría importar. Permitiría participar en ganancias futuras, además de los beneficios presentes, y ejercer los derechos asociados a la participación. Si esas ventajas justifican los costos depende de las condiciones concretas. No basta con llamar «propietarias» a las personas para dar por hecho que las tendrán.
Empezaría por las protecciones y obligaciones que ya corresponden a las personas afectadas. Después compararía la oferta adicional de propiedad con una alternativa financiada que no exigiera invertir, y examinaría ambas bajo condiciones difíciles de operación.
¿Quién asumiría una falla durante la construcción? ¿Qué pasaría si la electricidad no pudiera venderse como se esperaba? ¿La emisión de nuevas acciones podría reducir el porcentaje de participación colectiva? ¿Una deuda adicional limitaría los repartos o el poder de decisión? ¿Cómo se pagarían las reparaciones mayores y el desmantelamiento?
La salida merece atención especial. Una participación puede tener valor en el papel y ser difícil de vender. Si un hogar necesitara dinero con urgencia, ¿habría un comprador real, un mecanismo de reembolso con recursos para funcionar o solo un derecho teórico a retirarse? La respuesta importa al comparar una inversión difícil de convertir en efectivo con un acuerdo de pagos más previsibles.
La asesoría independiente tendría que continuar después de la firma. Los documentos pueden ser claros ese día y las circunstancias cambiar después. Nuevos financiamientos, reparaciones, cambios de propietario y conflictos podrían exigir decisiones mucho tiempo después de que se hubieran retirado los asesores originales.
Por eso, explicar las cuentas, traducir la información y facilitar la participación requeriría un presupuesto durante toda la vida del proyecto. La forma de financiar ese apoyo tendría que preservar la capacidad de cuestionar al desarrollador. Si este pudiera retirar los recursos cuando surgieran desacuerdos, también podría limitar la posibilidad de revisar sus decisiones.
Incluso un buen diseño tendría costos. La negociación, la administración y las condiciones de financiamiento podrían encarecer o retrasar el proyecto. Tal vez esos costos se justifiquen, pero habría que contarlos. Cualquier afirmación de que la propiedad reduce los conflictos o el costo del financiamiento necesitaría evidencia; no debería registrarse como un ahorro supuesto.
También habría que precisar su contribución a la transición energética. Transferir una participación en un parque eólico que ya opera cambia quién recibe los beneficios; la transferencia, por sí misma, no produce más electricidad. Para afirmar que permite generar más energía limpia o reducir emisiones habría que explicar qué hace posible esa forma de propiedad y cómo responde el sistema eléctrico.
Un acuerdo puede tener valor por la manera en que distribuye los beneficios o las decisiones, aunque no añada generación eléctrica. Explicar ese valor con precisión hace más fácil evaluar la propuesta.
No he demostrado que una comunidad mexicana en particular prefiera este esquema, que un proyecto adecuado pueda financiarlo ni que supere a las alternativas. Esas incertidumbres forman parte del argumento.
Mi posición es condicional. Vale la pena considerar la propiedad compartida cuando ofrece un activo colectivo y poder de decisión útil sin hacer depender la seguridad de las personas de riesgos financieros que no pueden soportar. Si un acuerdo de beneficios ofrece una influencia comparable y ganancias más previsibles a menor costo, me inclinaría por ese acuerdo. Si los impactos del proyecto o sus consecuencias sobre los derechos son inaceptables, una oferta de inversión más atractiva no los resuelve.
Dinamarca ayuda a distinguir esas posibilidades. Su experiencia incluye propiedad ciudadana, inversión concentrada bajo un esquema posterior de compra de participaciones y beneficios que no requieren invertir. Cada acuerdo responde de manera distinta a quién aporta, quién recibe y quién asume los riesgos.
En México, evaluaría la propiedad compartida por lo que permita a las personas durante toda la vida del proyecto: cuestionar las cuentas, intervenir en decisiones importantes y afrontar un mal año, sin menoscabar los derechos de quienes nunca inviertan.
Mi participación y el contexto del ensayo
Este ensayo desarrolla una pregunta que exploré como uno de los seis autores de Improving Accountability in Mexico’s Green Transition: Strengthening Stakeholder Responsibilities to Local Communities, de diciembre de 2023. Contribuí al contenido, exploré posibilidades de organización cooperativa y propiedad compartida, reuní las aportaciones del equipo en el documento y lo compartí con representantes de la SRE que habían expresado interés en leerlo.
El memorando acredita a Francisco Aguilar, Avalon Bauman, Hector Gonzalez, Anne Green, Piyush Narang y Sumate Pruekruedee. El análisis posterior que presento aquí es mío y no implica el respaldo de los demás autores ni de ninguna institución.
Leer el memorando original, en inglés · Conocer Mexico Development Lab
Notas sobre las fuentes jurídicas
Textos jurídicos revisados el 27 de octubre de 2026. Estas notas identifican disposiciones que sustentan las distinciones del ensayo; no demuestran la viabilidad de un proyecto concreto.
1. Marco del sector eléctrico.
La Ley del Sector Eléctrico, de marzo de 2025, establece en su artículo 12 la planeación vinculante y el requisito nacional de una participación estatal de al menos el 54% de la energía inyectada a la red durante el año. El artículo 36 identifica modalidades de desarrollo estatal, privado y mixto. Por separado, el artículo 40 exige una participación directa o indirecta de al menos el 54% de la empresa pública del Estado en el esquema específico de inversión mixta.
2. Estructura cooperativa.
La Ley General de Sociedades Cooperativas, en sus artículos 11 y 14, aborda el voto y los regímenes de responsabilidad. Los artículos 21 a 28 distinguen los tipos de cooperativa, sus funciones y sus reglas sobre rendimientos. Sigue pendiente determinar qué figura sería adecuada para la inversión colectiva propuesta.
3. Facultades sobre la tierra.
La Ley Agraria, en particular los artículos 23, 45 y 79, distingue las facultades sobre tierras de uso común y parcelas individuales. Cualquier aportación o uso de la tierra requiere examinar los derechos y los procedimientos aplicables.
4. Derechos de los pueblos indígenas.
El artículo 2, apartado A, fracción XIII, de la Constitución contempla la consulta sobre medidas legislativas o administrativas con efectos significativos, el consentimiento o acuerdo y los beneficios justos y equitativos conforme a la legislación aplicable.
5. Sentencia sobre consentimiento.
El amparo en revisión 600/2018, resuelto el 21 de noviembre de 2018, especialmente los párrafos 140 a 149 y 302 a 303. El razonamiento y la conclusión de la Corte corresponden a ese caso; su aplicación a una propuesta futura requiere un análisis separado.
6. Responsabilidades sobre impacto social.
Las disposiciones administrativas de SENER de febrero de 2026, en particular sus artículos 28 a 34, abordan la jerarquía de atención a los impactos, los planes de gestión social, los beneficios compartidos, los presupuestos y el seguimiento. Que existan esas disposiciones no demuestra que se apliquen de manera consistente.
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Volver a Escritos · ¿Quién paga por la ciudad? — ensayo en inglés