La guerra contra las drogas: consecuencias no deseadas
Hector Gonzalez
Una política pública debe responder por sus resultados y por los daños que causa. La guerra contra las drogas se ha defendido como una forma de reducir el consumo, combatir el crimen y proteger a la sociedad. Pero esa promesa deja una pregunta pendiente: ¿qué pasa cuando los medios que elegimos para protegernos también contribuyen al problema?
Mi crítica a la prohibición parte de ahí. Una ley puede prohibir una sustancia sin hacer desaparecer la demanda. Entonces hay que preguntarse quién la abastece, en qué condiciones y con qué consecuencias para quienes consumen y para quienes viven donde se produce o se vende. Si dejamos esas preguntas fuera, la cuenta queda incompleta.
Lo que ocurre con el mercado
La prohibición del alcohol en Estados Unidos, entre 1920 y 1933, ofrece un antecedente. El comercio clandestino permitió que organizaciones criminales obtuvieran ganancias y ampliaran su poder.[1] La comparación tiene límites: las sustancias, sus riesgos y las circunstancias son distintos. Aun así, el caso sirve para examinar una consecuencia de la prohibición: las oportunidades de negocio que abre para quienes están dispuestos a operar fuera de la ley.
Cuando una disputa comercial no puede llevarse ante un juez sin exponer el propio negocio, la amenaza y la violencia pueden convertirse en formas de imponer acuerdos. La corrupción puede servir para comprar protección o evitar investigaciones. Quien compra, por su parte, tiene menos recursos para reclamar por lo que recibe. Mi argumento es que estas condiciones también deben entrar en la evaluación de una política de drogas.
Incluso si una prohibición reduce el consumo, todavía falta saber cuánto lo reduce, qué daños evita y cuáles genera. Contar decomisos y detenciones puede decirnos algo sobre la actividad de las autoridades. No alcanza para saber si las personas viven más seguras, reciben atención cuando la necesitan o están menos expuestas a la violencia.
También importa lo que ocurre con quienes son llevados ante el sistema penal por consumo o posesión para uso personal. ¿Qué se busca resolver mediante el castigo y qué consecuencias tiene ese castigo en sus vidas? Su situación merece un lugar en la discusión, más allá de las cifras de detenciones.
El negocio no termina en las drogas
El narcotráfico es una fuente importante de ingresos para el crimen organizado, pero sus actividades no se limitan a ese mercado. La UNODC describe la diversificación de los negocios ilícitos y señala que algunas organizaciones, en particular las que operan en entornos virtuales, funcionan mediante redes con vínculos flexibles y estructuras horizontales.[2] La imagen de una sola jerarquía, con un mando que controla todo, resulta insuficiente para entender esa diversidad.
La comparación con una empresa ayuda a pensar en los ingresos, las alianzas y la capacidad de aprovechar oportunidades. También puede engañarnos si olvidamos las diferencias entre organizaciones y territorios. Para intervenir hace falta saber de qué viven esos grupos, quién los protege y cómo consiguen que sus ganancias circulen dentro de la economía.
Aquí aparece una objeción central a mi argumento: despenalizar el consumo y la posesión para uso personal deja sin resolver la producción y la venta ilegales. Tampoco elimina la extorsión ni las demás actividades criminales. Sería un error prometer que cambiar el trato a quienes consumen basta para quitarles poder a quienes controlan esos negocios.
Esa objeción obliga a precisar el alcance de la propuesta. Defiendo la despenalización del consumo y la posesión para uso personal porque considero que la respuesta debe dar prioridad a la salud. El abastecimiento plantea otra discusión: qué actividades seguirían prohibidas, cómo se perseguirían y, si se propusieran mercados regulados, bajo qué reglas funcionarían. Son decisiones distintas y cada una necesita su propia justificación.
La ley necesita instituciones que la sostengan
La UNODC identifica la corrupción y la debilidad de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley como factores que sostienen los mercados ilícitos.[2] Por eso me parece insuficiente discutir la política de drogas sin discutir también la capacidad del Estado para investigar, proteger a las personas y actuar sobre el dinero de las organizaciones criminales.
Si una denuncia expone a quien la presenta, si una investigación puede comprarse o si las ganancias ilícitas se ocultan sin consecuencias, cualquier reforma tendrá límites. La pregunta es cómo construir instituciones que puedan cumplir esas tareas y rendir cuentas por la manera en que lo hacen.
También debemos preguntarnos cómo evitar que una reforma desplace el problema. Si un grupo conserva las armas, las redes de protección y el control de un territorio, ¿qué le impediría buscar ingresos en otra actividad? Reducir su poder requiere atender esas capacidades, además de revisar la política de drogas.
Portugal: una experiencia que merece leerse completa
En 2001 entró en vigor en Portugal una reforma que trasladó al ámbito administrativo el consumo y la posesión de cantidades limitadas de drogas para uso personal. Las conductas siguieron prohibidas y la reforma no legalizó su venta. El cambio formó parte de una estrategia más amplia de prevención, tratamiento y reducción de daños.[3]
El perfil del EMCDDA publicado en 2011 recoge una evaluación del periodo 1999–2003 que encontró mejoras en algunos indicadores, entre ellos las muertes relacionadas con drogas y las infecciones por VIH, junto con aumentos en el consumo entre jóvenes y en las muertes relacionadas con otras drogas distintas de los opiáceos. También señala dificultades de coordinación y reinserción social. Ese balance no permite atribuir todos los cambios a la despenalización ni presentar a Portugal como una solución que México pueda copiar sin más.[3]
Me interesa la decisión de dar mayor peso a la salud y acompañarla de servicios. Para México, eso abre preguntas concretas: ¿quién atendería a las personas?, ¿con qué recursos?, ¿cómo se llegaría a las comunidades con menos servicios? Una reforma que promete atención necesita explicar dónde y cómo va a ofrecerla.
Qué tendría que acompañar a la reforma
Veo tres tareas que deben formar parte de la discusión.
La primera es combatir la corrupción y la impunidad: investigar las redes de protección, seguir el dinero y proteger a quienes denuncian. Cambiar la sanción por consumo no sustituye ninguna de esas responsabilidades.
La segunda es ampliar las opciones de vida. Educación, empleo, derechos laborales y servicios públicos tienen que ocupar un lugar en una política que busque reducir la exclusión. La pobreza no vuelve delincuente a nadie. Mi objeción es a la facilidad con la que se les pide a las personas elegir otro camino sin preguntar qué caminos tienen realmente a su alcance.
La tercera es construir vías de reinserción para quienes puedan abandonar una actividad delictiva. Una propuesta de amnistía, por ejemplo, tendría que precisar a quiénes incluiría, qué conductas quedarían excluidas, qué obligaciones impondría y cómo garantizaría los derechos de las víctimas. La voluntad de dejar una organización no resuelve por sí sola la responsabilidad por los daños causados.
También hay que responder a una preocupación legítima: ¿podría una reforma favorecer un mayor consumo o dejar a las comunidades con menos protección? Quienes defendemos un cambio tenemos que explicar cómo se atenderían esos riesgos, qué se mediría y qué decisiones se corregirían si los resultados fueran adversos. La crítica al modelo actual no nos exime de examinar las consecuencias de la alternativa.
La libertad también forma parte de la discusión
Defiendo que las personas adultas puedan decidir sobre su propio cuerpo. Ese principio tiene que convivir con la protección de menores, los derechos de terceros y la atención a quienes desarrollan un consumo problemático.
Tampoco basta con decir que cada quien elige. Una política responsable debe tomar en cuenta las situaciones en las que una persona necesita apoyo para decidir, reducir riesgos o dejar de consumir. La información, la prevención y el acceso a tratamiento forman parte de esa responsabilidad. La reducción de daños busca evitar que una persona sufra consecuencias más graves mientras continúa consumiendo; ofrecer esa atención no debería depender de que haya logrado dejarlo.
Los riesgos de una sustancia merecen una respuesta pública. Para justificar el castigo penal, además, hay que demostrar por qué sería una respuesta adecuada y qué consigue frente a otras opciones.
Lo que defiendo
Defiendo despenalizar el consumo y la posesión para uso personal, ampliar la atención de salud y actuar sobre las condiciones que permiten a las organizaciones criminales obtener ingresos y ejercer violencia. Esa posición deja preguntas abiertas sobre el abastecimiento, la capacidad institucional y la protección de las comunidades. Son preguntas que una reforma seria tiene que asumir.
Quiero una política que pueda rendir cuentas en términos que importan en la vida de las personas: menos muertes, menos violencia, acceso a atención y posibilidades de vivir sin miedo. Si la estrategia elegida no cumple con esos objetivos, debemos poder revisarla. Quienes proponen un cambio tienen que justificarlo; quienes defienden mantener la estrategia también tienen que responder por sus costos.
Y nos queda pendiente hablar de justicia económica. Es una conversación demasiado grande para resolverla en esta nota, pero demasiado importante para dejarla fuera.
Notas y fuentes
[1] National Archives de Estados Unidos, Prohibition and the Rise of the American Gangster. Antecedente histórico sobre el comercio clandestino de alcohol y el crecimiento del crimen organizado.
[2] UNODC, Drug trafficking. Módulo educativo publicado en 2018 y actualizado en 2020; apartados sobre mercados, estructuras organizativas y corrupción.
[3] EMCDDA, Drug policy profiles: Portugal, 2011, pp. 16–18 y 23–24. Describe la reforma y sus límites; no constituye un balance de la situación portuguesa actual.